El Departamento de Seguridad Nacional depende en gran medida de las prisiones privadas con fines de lucro para albergar a sus miles de detenidos. El argumento en contra del uso de prisiones privadas incluye las pésimas condiciones en las que viven los detenidos, la falta de recursos disponibles para ellos (como servicios médicos y legales) y la supervisión en la identificación de necesidades médicas urgentes (un ejemplo de esto es intentos de suicidio, suicidios, acoso sexual o agresión sexual, etc.). Estas instalaciones se administran con el objetivo de aumentar los márgenes de ganancias, lo cual es una divergencia de lo que ha sido anteriormente el sistema penitenciario. La dependencia del DHS de las prisiones privadas es motivo de preocupación para muchos debido a lo que revelan muchas investigaciones sobre el trato recibido en estas instalaciones.
La razón de gran parte de la preocupación de estas estadísticas es la reputación que se han ganado estas prisiones privadas después de varias investigaciones. Se han presentado 20,000 quejas entre 2017 y 2019, además de cientos de denuncias de agresión sexual, huelgas de hambre, falta de recursos médicos de calidad, muertes y otras evidencias de abuso y/o tratamiento inadecuado.
El DHS ha aumentado la brecha en la dependencia de las prisiones privadas en comparación con una agencia del Departamento de Justicia: la Oficina de Prisiones (BOP). El DOJ ordenó a BOP que redujera gradualmente su dependencia de las prisiones privadas a través de una serie de reformas. Por ejemplo, el DHS puede albergar hasta 34 040 camas por día, pero en 2016 el 73 % de los inmigrantes detenidos en espera de los procedimientos de deportación estaban alojados en prisiones privadas (en comparación con el 11 % de BOP en 2016 y el 13 % en 2014). Más recientemente, en 2019, de las 55.000 personas que fueron detenidas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaban alojadas en prisiones privadas. Es importante considerar también que los detenidos en las instalaciones del DHS son detenidos por asuntos civiles mientras que los detenidos de BOP son detenidos por procesos penales (los procesos penales son mucho más graves). De hecho, la mayoría de los inmigrantes detenidos por ICE no tienen antecedentes penales.
El negocio de detener a inmigrantes que buscan asilo y refugio experimentó un crecimiento exponencial en ingresos y negocios, ya que la administración Trump prometió controlar los daños a la creciente población de inmigrantes. DHS continúa siendo el mayor cliente federal del sistema penitenciario privado.